El 20 de mayo de 2025 entró en vigor en España un nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. Esta reforma representa la actualización más significativa en materia migratoria desde 2011, con el objetivo de simplificar trámites, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la integración de las personas migrantes en el país.
Entre las principales novedades se encuentra la reorganización de los visados en cuatro categorías: tránsito aeroportuario, corta duración (hasta 90 días), larga duración (estudios, trabajo o residencia) y búsqueda de empleo. Este último permite residir legalmente en España durante 12 meses para encontrar trabajo, sin necesidad de salir del país para cambiar a un permiso de trabajo.
El reglamento también introduce cinco tipos de arraigo: social, laboral, familiar, para la formación y de segunda oportunidad. Este último permite regularizar a personas que hayan tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no la hayan renovado.
También, se incrementa la oportunidad para que los estudiantes internacionales trabajen hasta 30 horas a la semana y se optimiza la reunificación familiar, simplificando la residencia para familiares de individuos con ciudadanía española.
Sin embargo, la implementación del nuevo reglamento ha generado desafíos operativos. En la Región de Murcia, por ejemplo, los sindicatos CCOO y CSIF han denunciado el colapso de la Oficina de Extranjería, con tiempos de espera para citas que superan los 60 días y trámites que pueden demorar meses. Ambos sindicatos reclaman la creación de 50 nuevas plazas ante un incremento del 40% en la carga de trabajo.
Para enfrentar las críticas y abordar las situaciones de vulnerabilidad no previstas en el reciente reglamento, el Gobierno ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha sido avalada por más de 600.000 firmas, y que pretende dar un estatus legal a alrededor de 400.000 inmigrantes en situación irregular. Esta propuesta, que todavía debe ser aprobada en el Congreso, tiene gran apoyo social y responde a una necesidad clara: asegurar los derechos de miles de personas y atender los requerimientos económicos del país.
El nuevo Reglamento de Extranjería representa un paso importante hacia una política migratoria más inclusiva y adaptada a las necesidades actuales de España. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar eficazmente las reformas y garantizar que los beneficios lleguen a todas las personas migrantes, especialmente a las más vulnerables.
