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“Tenemos un enemigo. Tienen que ayudarnos a luchar contra el diablo, a luchar contra Hamás, a luchar contra los terroristas. Nosotros no somos los terroristas”. Ilana Shimon, de 49 años, realiza ese llamamiento desde la cocina de su casa prefabricada en un asentamiento ilegal sobre una colina de Cisjordania, en la Palestina ocupada por Israel mientras varios de sus diez hijos revolotean alrededor. Bajo una especie de mandato divino que supuestamente otorga a los judíos estas tierras, Ilana y su marido, el abogado Yehuda Shimon, se apoyan en argumentos mesiánicos y bíblicos para defender su vida junto a otras 400 personas en el asentamiento de Havat Gilad (Granja Gilad), a las afueras de la ciudad de Nablus.
Desde el 7 de octubre, día en que comenzó la guerra con al ataque de Hamás en el que fueron asesinadas en Israel unas 1.200 personas, la violencia de los colonos, así como la impunidad y el apoyo que reciben por parte del aparato del Estado se ha multiplicado, según denuncian Naciones Unidas y organizaciones humanitarias israelíes como B’Tselem o Peace Now (Paz Ahora). En estos cuatro meses y medio, las tropas israelíes han matado a casi 30.000 palestinos. La llamada a filas de más de 300.000 reservistas israelíes ha hecho que muchos colonos vistan ahora de uniforme, como los 40 de Havat Gilat, lo que supone casi la mitad del centenar de hombres adultos del asentamiento.
Desde 2007, la familia Shimon forma parte del medio millón largo de judíos que viven ilegalmente en Cisjordania (hay unos 100.000 más en Jerusalén Este). En contra de los informes de las organizaciones de derechos humanos, niegan los ataques e insisten, como justificación, en que los actos de violencia que se producen por parte de israelíes son únicamente en respuesta a los llevados a cabo por palestinos.
“Hay unos 500.000 judíos residiendo en Judea y Samaria (denominación oficial israelí de Cisjordania) y puede que sean una veintena, incluso hasta un centenar los que participan en esos acontecimientos”, señala refiriéndose a los ataques de colonos David Haivri, vecino del asentamiento de Tapuah durante tres décadas antes de instalarse recientemente en Jerusalén. “Eso no es representativo, aunque quede muy colorista a ojos de los medios de comunicación”, comenta durante un viaje por la zona. “No creo que nadie pueda decir que los ataques de judíos contra palestinos puedan considerarse un evento de importancia comparado con la situación que pueda vivirse en España, Inglaterra o cualquier otra parte del mundo”, señala.
Israel cree que hay que acabar con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) tras acusar a 12 de sus 33.000 empleados de haber participado en el ataque del 7 de octubre. Preguntado al respecto, sobre si esos 12 son representativos, Haivri afirma que el movimiento de los colonos “no es una entidad oficial” a diferencia de la UNRWA, “una organización humanitaria que recibe fondos internacionales”.
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Con frecuencia, los colonos se adentran en los campos y arrancan los olivos de los palestinos o les impiden recoger las aceitunas. “Puede que sea verdad ¿Y qué? Ellos cortan los nuestros”, responde Yehuda Shimon enmarcándolo en los problemas que pueden surgir entre vecinos al tiempo que insiste en que la convivencia es algo que prevén los libros sagrados sin importar la religión que profese cada uno. Pero, de inmediato, añade: “Los palestinos siempre están llorando. Mira mi casa (comenta señalando a su vivienda prefabricada) y mira las de ellos. Les damos todo. Carreteras, electricidad, agua… y ellos no pagan. Yo pago impuestos al Gobierno para que ellos tengan todo eso sin pagar”.
“¿Ves a nuestro alrededor olivos cortados o quemados?”, pregunta David Haivri mientras señala un campo junto a la carretera. Alude a Cisjordania como la tierra prometida, pero añade, además, que Israel ganó su derecho a ella al vencer en 1967 la “guerra defensiva” frente a los árabes. Haivri es concluyente: “¿Una solución con dos Estados? Esa no es una opción. No puede haber dos Estados aquí, y menos si uno es una entidad palestina con un ejército”. Se pueden integrar y adaptar a las leyes de Israel sin dejar de ser musulmanes o cristianos, añade.
Sanciones occidentales
En una medida inédita, Estados Unidos dictó a principios de febrero sanciones contra cuatro colonos, a los que considera extremadamente violentos. Días después, Reino Unido hizo lo mismo con otros cuatro. Francia anunció que castigará a 28, pero no ha ofrecido las identidades. Ahora, España piensa tomar medidas similares. La sanciones “me parecen una broma”, valora Yehuda Shimon. “En la historia, en la Biblia, sabemos que cada vez que alguien hace algo en nombre del diablo lo acaba pagando”, agrega.
Havat Gilad se fundó de la mano de Moshe Zar, miembro de una célula del grupo Jewish Underground que atentó en 1980 contra el alcalde de la ciudad palestina de Nablus. Se trata de una organización considerada terrorista por Israel. La colonia nació en venganza por el asesinato de su hijo Gilad Zar en 2001 a manos de palestinos en una carretera de Cisjordania.
“No podemos ser estúpidos. Si ellos vienen a matarnos, nosotros tenemos el derecho de matarlos a ellos antes”, defiende Ilana Shimon, sin dejar de defender que hay que tender “puentes de convivencia”. Cuenta que unos días antes de esta entrevista acudió a manifestarse con sus hijos y otros colonos a la vecina localidad palestina de Hawara, foco constante de tensión y escenario de los últimos ataques por parte de judíos sobre palestinos. Preguntada por los coches que los colonos judíos queman en Hawara, responde que no sabe, que pueden ser ellos mismos, los palestinos, los que los queman.
En 2018, el rabino de la comunidad, Raziel Sevach, fue también asesinado en un ataque similar al de Gilad Zar. Eso abrió la puerta a que el Gobierno israelí legalizara el asentamiento de Havat Gilad, algo que, seis años después no ha ocurrido. “Seguimos sin recibir de las autoridades electricidad, agua, gas, seguridad, guardería, centro de salud, jardines, carretera…”, explica sin tono de reproche Ilana Shimon, responsable de captar fondos para “sobrevivir”, porque, asegura, les llegan aportaciones privadas suficientes de “gente que cree en la Biblia, que cree en que Dios nos entregó esta tierra”.
Por eso mismo, cuando en 2005 el entonces primer ministro Ariel Sharon aceptó sacar a los más de 8.000 colonos que ocupaban Gaza, Yehuda Shimon decidió instalarse allí con su familia. Durante tres meses habitaron en una tienda de campaña en la playa hasta que tuvieron que aceptar irse. “Queríamos luchar contra la evacuación”, explica.
Hoy, en torno a cien familias residen en Havat Gilad, una colina asomada a la costa del Mediterráneo, desde donde se entrevén las ciudades de Tel Aviv y Netanya, a una veintena de kilómetros en línea recta. Rodeados de pueblitos palestinos, en el asentamiento dominan las casas prefabricadas, como la que acoge a los Shimon, y todavía hay quien habita en uno de los viejos autobuses que, a comienzos de siglo, acogieron a los primeros vecinos.
Asesinato de un agricultor palestino
Un tiro en el pecho acabó en la mañana del 28 de octubre con la vida de Bilal Saleh, un agricultor palestino de 40 años. Este enviado especial entrevistó a varios testigos, entre ellos sus dos hijos, ese mismo día tras el entierro en el pueblo de Sawiya (Cisjordania). Todos ellos coincidieron en señalar a un asentamiento desde el que bajaron hacia el olivar de la familia Saleh varios hombres armados sin que los militares, testigos en la distancia, hicieran nada por detenerlos.
Yossi Dagan, uno de los responsables de los asentamientos de la zona donde tuvo lugar el ataque en el que murió Bilal Saleh, afirmó que el autor del asesinato actuó en defensa propia porque estaban siendo atacados “por decenas de miembros de Hamás”. “Apoyo completamente al combatiente que disparó”, agregó, según informó el diario The Jerusalem Post. “Es ridículo que los colonos maten”, afirma el abogado Yehuda Shimon negando una y otra vez esos hechos. Un militar que no estaba de servicio fue detenido dos días después acusado de matar a Bilal Saleh. Su abogado defensor, Adi Keidar, pertenece a Honenu, la misma asociación con la que trabaja Shimon y que, según Peace Now, “ofrece defensa legal a colonos u otras personas que ejercen la violencia”.
La ONG B’Tselem ha documentado durante el actual conflicto el desplazamiento forzoso de 151 familias palestinas de Cisjordania fuera de su lugar de residencia, en total 1.009 personas de las que 371 son menores, por los ataques y presiones de los colonos, que actúan acompañados y protegidos por militares.
Las sanciones contra individuales de países como Estados Unidos o Reino Unido no reflejan la responsabilidad del Gobierno de Israel por el uso de esa violencia, entiende Dror Sadot, portavoz de esta organización israelí de derechos humanos. “Estamos básicamente ante violencia del Estado pues se otorga a esos colonos impunidad”, defiende. Entiende que es importante lanzar ese mensaje, pero la efectividad de esas sanciones contra un puñado de colonos la considera “limitada”. Según Sadot, desde el 7 de octubre, hay más ataques, más violencia, más incidentes con disparos, se ha armado a más colonos y algunos de ellos forman ahora parte del ejército. El Estado quiere mantenerse apartado de esos actos de violencia, pero B’Tselem entiende que es una política marcada desde arriba.
“Un buen año para los asentamientos, un mal año para Israel”, así resume la organización israelí Peace Now la actividad desarrollada en torno a los colonos judíos el año pasado. Las cifras que manejan muestran que se han creado “condiciones sin precedentes” para el ascenso de este movimiento en Palestina a la sombra del Gobierno que dirige el primer ministro Benjamín Netanyahu desde diciembre de 2022.
En los doce meses de 2023, según datos hechos públicos la semana pasada, se crearon 26 nuevas colonias mientras que un total de 21 localidades palestinas fueron desplazadas de su tierra; se anunció y autorizó la creación de 12.349 nuevas viviendas en Cisjordania; avances administrativos para la anexión de más tierra; y un presupuesto de tres millones de shéqueles (unos 750.000 euros) para nuevas carreteras en asentamientos, lo que supone, aproximadamente, el 20% de ese tipo de inversiones. Tras el ataque de tres palestinos el pasado jueves a las puertas de uno de esos asentamientos en el que murió asesinado un israelí, las autoridades han anunciado un plan para construir 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania. La espiral inmobiliaria ilegal no cesa.
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