Portugal sigue sumando crisis políticas. Sus tres principales gobiernos (el estatal y los dos únicos autonómicos, Madeira y Azores) atraviesan una situación de provisionalidad, a la espera de que se resuelva en unas elecciones, como en el caso del Ejecutivo central y del azoriano, o con una solución aún pendiente de definirse, como ocurre en Madeira. Su presidente autonómico, Miguel Albuquerque, rectificó este viernes su decisión de continuar en el cargo a pesar de haber sido imputado en varios casos de corrupción por la Fiscalía. A última hora de la tarde presentó su dimisión ante la comisión política regional del Partido Social Demócrata (PSD, de centro derecha), que ahora propondrá un candidato alternativo para presidir el Gobierno.
Su renuncia había sido exigida por toda la oposición, que había anunciado dos mociones de censura. También el pequeño partido animalista y ecologista, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que sustentó en el Parlamento autonómico el Gobierno de coalición entre el PSD y los conservadores del CDS, reclamó su salida. Inés Sousa Real, líder del PAN, declaró que la primera condición para evaluar si mantenían el apoyo parlamentario residía en la renuncia de Albuquerque. Está previsto que el próximo lunes el PSD proponga un candidato alternativo para presidir el Gobierno local, aunque la oposición quiere que se convoquen elecciones anticipadas para resolver la crisis, a semejanza de lo ocurrido con el Ejecutivo central.
La salida de Albuquerque ha aliviado la presión sobre el líder del PSD, Luís Montenegro, a mes y medio de las elecciones legislativas anticipadas del 10 de marzo. La situación resultaba especialmente delicada para el principal partido de la oposición por el contraste entre la dimisión del socialista António Costa como primer ministro, en noviembre pasado, por un caso en el que no ha sido imputado, y la continuidad de Miguel Albuquerque como presidente regional después de haber sido arguido (palabra portuguesa que define a los investigados).
La Fiscalía detuvo el miércoles al ex vicepresidente del Gobierno regional y alcalde de Funchal, Pedro Calado, así como a dos empresarios de la construcción, además de registrar 60 residencias y oficinas, incluida la vivienda del presidente Albuquerque. Los hechos investigados comenzaron en 2015 y son “susceptibles de constituir delitos de atentado contra el Estado de derecho, prevaricación, corrupción activa y pasiva, participación económica en negocio, abuso de poder y tráfico de influencias”.
Entre los negocios investigados figura un proyecto del Grupo Pestana CR7, una alianza empresarial entre Cristiano Ronaldo y la hotelera Pestana, que promueve un polémico proyecto inmobiliario en Praia Formosa, una zona que cuenta con protección ambiental ubicada en Funchal, la capital de Madeira. Además, la Fiscalía está examinando las adjudicaciones públicas del Gobierno regional al grupo AFA, el más importante de la isla y cuyo propietario, Avelino Farinha, fue uno de los detenidos.
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